Fuente: BOJA núm. 79 C1, 27 de abril de 2026 · Actividades, bienes e intereses declarados ante la Mesa del Parlamento
| Candidato | Partido | Circunscripción | Alertas | Patrimonio neto | Activos | Deudas | Saldo | Inmuebles |
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Mediana de todos los candidatos con patrimonio declarado. La mediana es más representativa que la media cuando hay valores extremos.
| Partido | Candidatos | Mediana patrimonio | Media patrimonio | % patr. negativo | % sin ingresos decl. | Mediana activos | Mediana deudas |
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Caja = P25–P75. Línea central = mediana. Bigotes = mín/máx. Cada punto fuera de la caja es un outlier.
| Partido | Mínimo | P25 | Mediana | P75 | Máximo |
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Los candidatos con mayor patrimonio neto del censo. Ninguno escapa al análisis por estar dentro de alertas.
| # | Candidato | Partido | Patrimonio neto | Nota |
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El artículo 24.5 de la Ley Electoral de Andalucía (Ley 1/1986, de 2 de enero, modificada por Ley 5/2005, de 8 de abril) obliga a todos los candidatos proclamados a presentar ante la Mesa del Parlamento de Andalucía, antes del día 31 posterior a la convocatoria, una declaración sobre actividades, bienes e intereses.
La declaración se publica en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el BOJA, y debe estar disponible en internet antes del día 35. Esta exigencia se aplica a todos los candidatos de todas las listas, no solo a los que resulten elegidos.
Andalucía fue pionera en España al extender esta obligación a candidatos (y no solo a diputados electos). La mayoría de comunidades autónomas solo requieren declaraciones una vez tomada posesión del cargo.
La Ley Electoral no establece sanción propia por falsedad. Las consecuencias proceden de otros marcos:
| Infracción | Marco legal | Sanción teórica | Quién actúa |
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| Falsedad en documento público/oficial | Código Penal arts. 390–392 | 6 meses–3 años prisión + multa (particular); 3–6 años (funcionario) | Juzgados ordinarios (denuncia previa) |
| Omisión o falsedad en declaración de alto cargo | Ley 3/2005 de Incompatibilidades (Andalucía), art. 15 | Cese + inhabilitación 3–10 años + restitución | Parlamento / Oficina Antifraude (solo si ya es alto cargo) |
| Infracción electoral genérica | Ley 1/1986, art. 13.d | Multa hasta ~900 € | Junta Electoral |
Según investigación de El Español (2018), la Administración no ha sancionado nunca a ningún parlamentario o alto cargo por mentir en su declaración, a pesar de que dos de cada tres declaraciones contienen errores u omisiones.